Móviles, barras y estrellas

Más consolidación, división de opiniones y un toque de patriotismo. La recién anunciada operación de compra de T-Mobile US por AT&T, que así pasa a convertirse en el primer operador móvil de Estados Unidos, reduce de cuatro a tres el club de los grandes del mercado móvil de ese país. Y eso para unos es muy bueno y para otros muy malo.

Los datos son los datos: el nuevo AT&T tendrá una base de clientes combinada de 130 millones de usuarios y podrá acelerar el despliegue de LTE para llegar a 46,5 millones más de habitantes que actuando por separado hasta cubrir el 95% de la población estadounidense. Y aunque alguna estaciones base se solaparán, AT&T estima que la cobertura conseguida se incrementará entre un 25% y un 35% en áreas como las de San Francisco y Nueva York.

Vista así, como negocio la operación plantea pocas dudas. Pero desde el punto de vista de la competencia y del usuario es otro cantar. Ya se han alzado voces desde los foros de defensa de los consumidores que pronostican la formación de un duopolio de facto entre AT&T y Verizon (el tamaño de Sprint es mucho menor) que dominará la gran mayoría del mercado. Y eso casi siempre se traduce a la larga en aumento de precios, como lo reconoce la firma de análisis J. Gold Associates. En un momento en que las tarifas planas, si es que quedan, peligran, más claro agua.

En frente, como es lógico, se alzan los propios protagonistas de la operación, que han optado por ajustar sus argumentos positivos al criterio patriótico, que siempre vende y más allí. El acuerdo representa “un avance para el liderazgo de Estados Unidos en banda ancha móvil y en la próxima ola de innovación”, ha asegurado el presidente y CEO de AT&T, Randall Stephenson. En su opinión, la infraestructura conseguida con la fusión de las dos compañías será “una ventaja competitiva para Estados Unidos durante muchos años”.

Es de suponer que ambas posturas serán analizadas durante las investigaciones que las autoridades regulatorias estadounidenses realicen durante los próximos 12 meses antes de bloquear o dar vía libre al acuerdo. Y es de suponer que será sólo el interés público el que se tenga en cuenta.