El problema es bastante grave. Recientemente vecinos de la calle Montera de Madrid, fueron denunciados y sancionados por colocar cámaras para grabar a las prostitutas de la zona y sus clientes. Obviamente vulneraban la Ley de Protección de Datos. Sin embargo estas cámaras IP de vigilancia se encuentran cada vez en más sitios. Su objetivo es la seguridad, pero estando desprotegidas, cualquiera podrá acceder a sus imágenes. Resulta llamativo la mención incluso a una cámara de "unas instalaciones de las fuerzas de Seguridad del Estado".
Hace bastante tiempo, hablando con un conocido fabricante de cámaras IP le planteé este tema. La respuesta supongo que es la lógica que habría dado cualquier fabricante: "nuestras cámaras admiten configuraciones seguras, si el usuario no las activa, es su problema". Bueno, en cierto modo tienen razón, pero también creo que tienen su parte de culpa. Todos los coches tienen cinturones de seguridad, pero para asegurarse de que el conductor los utiliza, cada vez es mas frecuente que haya avisos sonoros y luminosos que evitan los despistes.
Más cercano a la informática, el software de seguridad, suele instalarse configurado por defecto con las opciones más restrictivas. Si alguien lo quiere dejar más abierto, tendrá que hacerlo de forma consciente y voluntaria.
No sería difícil que la instalación por defecto de las cámaras se haga con la máxima protección posible, incluso obligando a utilizar una clave resistente (determinada longitud, caracteres no solo alfabéticos, etc) y eso, si es responsabilidad del fabricante.















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